A propósito de la píldora del día después

Me ha llamado profundamente la atención las declaraciones de todos y cada uno de nuestros candidatos a la Presidencia de la República, todos los cuales y sin distinción han criticado la imposibilidad legal de distribuir la denominada píldora del día después a través de los Consultorios de nuestros municipios. La verdad, es que en absoluto honor a la verdad sotener una posición pro – vida desde la concepción, no es popular, es mucho más fácil y políticamente más rentable sostener posiciones distintas, en virtud de derechos reproductivos o bien en virtud de la supuesta desigualdad entre sectores acomodados y otros de menores recursos.
Las cosas en su lugar, esta discusión no es de derechas o izquierdas, no es de tal o cual partido, pues el derecho más fundamental a la vida “no tiene color político”.
A quienes justifican el uso de esta píldora basado en la existencia de los denominados derechos reproductivos de la mujer, decimos que en caso de conflicto de derechos se impone aquel de mayor entidad y frente a este derecho de la madre se impone sin lugar a dudas el derecho a la vida del hijo o hija.
A quienes sostienen que este estado de cosas se transforma en una enorme desigualdad en desmedro de madres carenciadas, respecto de aquellas que cuentan con recursos para adquirir en farmacias esta píldora, debemos sostener que esta desigualdad no se resuelve masificando el fármaco a través del sistema público sino prohibiendo su uso a través del sector privado, pues es la única forma en que no se vulnera el derecho a la vida. La píldora del día después no es inconstitucional por qué se distribuya a través de los servicios públicos, es inconstitucional pues puede constituir un atentado contra la vida de quién ha sido concebido.
A quienes sostienen que debe ser permitido su uso pues no se encuentra acreditado que se abortiva, debemos sostener que precisamente por eso no es posible su distribución (ni pública ni privada). En efecto, tampoco se encuentra científicamente acreditado que no lo sea, y si no se distribuye en ningún caso habrá aborto, pero si se hace es posible que este ocurra. Este análisis no es solo moral “en la duda abstente” sino también jurídico, en este sentido nuestra legislación penal contempla el denominado dolo eventual, esto es la representación de un resultado delictivo como posible, y concurriendo este dolo eventual es suficiente para que se configure delito, si resulta posible representarse un resultado abortivo a partir de la distribución de la píldora del día después, podemos precisamente encontrarnos frente a este hipótesis del delito de aborto, en la cual tienen el carácter de partícipes quién la distribuye y quién la consume.
En síntesis, no es progresista quién sostiene la entrega de este fármaco eventualmente abortivo, sino que lo es precisamente quién se opone a su distribución, pues privilegia por sobre otros derechos el derecho fundamental a la vida.